Queda menos de un mes para que finalice el plazo para implementar el Canal de Denuncias en la empresa. Es un buen momento para recordar el régimen sancionador aplicable por el incumplimiento de esta nueva obligación.

Sanciones para las personas jurídicas:

• Multas de 10.000 a 50.000 euros para infracciones leves.
• Multas de 50.001 a 250.000 euros para infracciones graves.
• Multas de 250.001 a 1.000.000 euros para infracciones muy graves.

Calificación de las infracciones

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Pueden ser, entre otras:

• No implantar un canal de denuncias cuando sea obligatorio.
• No garantizar el anonimato, la confidencialidad, la seguridad y la protección del denunciante y del denunciado.
• No informar adecuadamente sobre el funcionamiento y el uso del canal.
• No tramitar ni resolver las denuncias recibidas en el plazo establecido.
• No colaborar con las autoridades en la investigación y resolución de las denuncias.
• Adoptar represalias contra el denunciante o el denunciado.

¿Qué decimos en Tirant Compliancers?

Invitamos a los operadores del Canal de Denuncias a que se aseguren de cumplir con los plazos legales para implementar el Canal de Denuncias.

Por nuestra parte, te decimos que “aquí estamos para ayudarte”.

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Ya nadie pone en duda que aquellas empresas que fundamentan su capacidad de hacer negocio en la ilegalidad son efímeras. Su recorrido es breve y, en todo caso, limitan de manera considerable su crecimiento.

Según los datos del INE, en 2022 había un total de 27.000 Pymes en España con 50 o más trabajadores.

La LO 2/2023 obliga a estas empresas a disponer de un Canal de Denuncias antes del día 1 de diciembre de 2023.

No es desacertado pensar que una gran mayoría de estas pymes carecen de departamento jurídico interno para gestionar de manera adecuada el cumplimiento de esta nueva obligación.

He aquí la necesidad de acudir al asesoramiento externo de profesionales cualificados y dotados de herramientas tecnológicas adecuadas , dispuestos a ayudar a estas organizaciones en la implementación y seguimiento de sus canales de denuncias.

¿Qué decimos en Tirant Compliancers?

La intervención de estos profesionales permite obtener grandes retornos:

• Mayor visibilidad ante los grupos de interés.
• Credibilidad ante los mercados, clientes, proveedores e inversores.
• Mayor acceso a la financiación.
• Acceso a mejores oportunidades de negocio.
• Minimización de su exposición al riesgo de reclamaciones y sanciones.
• Crecimiento de la productividad y la competitividad.
• Retención del talento.

Invitamos a los operadores del Canal de Denuncias a que realicen una valoración de los diferentes soportes tecnológicos existentes en el mercado a fin de ponderar en qué medida resuelven sus necesidades.

Confiamos en que el software de Tirant Compliancers esté a la altura de sus expectativas.

Por nuestra parte, te decimos que “aquí estamos para ayudarte”.

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La Ley 2/2023 establece la obligación para las empresas de 50 o más empleados a establecer un canal de denuncias interno que permita a los trabajadores y a otras personas relacionadas con ella la comunicación interna de infracciones del ordenamiento jurídico cometidas en su seno.

Cuando se produce una denuncia la empresa deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes obligaciones:

• Analizar la pertinencia de la denuncia y si ésta cumple con los requisitos formales y materiales para ser tramitada.
• Admitir y registrar la denuncia, en su caso.
• Asignarle un código de acceso que permita al denunciante hacer el seguimiento de la denuncia.
• Informar al denunciante en el plazo de siete días la admisión o rechazo de su denuncia, así como el plazo estimado para su resolución que no podrá superar los tres meses.
• Investigar los hechos denunciados realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados y recabar las pruebas que estime pertinentes.
• Realizar entrevistas y recabar las pruebas pertinentes.
• Apoyarse de expertos externos cuando se considere necesario.
• Garantizar la confidencialidad y el anonimato del denunciante.
• Proteger al denunciante de cualquier represalia.
• Respetar los derechos del denunciado, tales como el derecho a la presunción de inocencia, a la información, a la defensa y a la contradicción.
• Analizar las evidencias y las pruebas obtenidas y realizar un informe con las conclusiones y propuestas de medidas sancionadoras o correctivas.
• Cumplir con la legislación de protección de datos.
• Elevar el informe de conclusiones al órgano de administración de la empresa.

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El derecho al anonimato del denunciante

El preámbulo de la Ley 2/2023 destaca que se permite la denuncia anónima y la obligación de mantener al informante en el anonimato.

Se trata de una cuestión controvertida que ha merecido el reproche de no pocos juristas ya que la denuncia anónima permite la difamación, la calumnia y sus graves consecuencias para el denunciado sin riesgo para el denunciante de ser identificado. Es decir, sin consecuencias legales para quien de manera maliciosa formule una denuncia falsa.

Con ello, ya con anterioridad a la regulación expresa de la Ley 2/2023 del derecho al anonimato, el Tribunal Supremo ha venido considerando válida este tipo de denuncias anónimas.

A tal efecto, el Canal de Denuncias deberá ofrecer al informante el derecho a preservar el anonimato de su identidad personal.

Se trata de una opción del denunciante que podrá ser ejercida por éste mediante la comunicación interna de los hechos que pudieren constituir una infracción del ordenamiento jurídico sin necesidad de identificarse.

Aun cuando se trata de un derecho del ciudadano que no impide la investigación objetiva de los hechos denunciados, lo cierto es que la gestión de una denuncia anónima presenta desafíos importantes:

• Dificultad para obtener información adicional del denunciante.
• Dificultad para verificar la veracidad de la denuncia.
• Dificultad para proteger al denunciante de posibles represalias.
• Dificultad para tomar medidas disciplinarias contra los responsables de las represalias.

El sistema establecido por la empresa para la gestión de las denuncias deberá contener el protocolo que garantice el anonimato del denunciante y tomar medidas como:

• Garantizar la reserva de la identidad del informante durante todo el proceso de gestión de la denuncia.
• Asegurarse que el sistema tecnológico utilizado por gestor de la denuncia dispone de las medidas de seguridad necesarias para preservar el anonimato del denunciante.
• Informar al denunciante anónimo que dispone de la opción de denunciar de forma anónima.

El derecho a la confidencialidad del denunciante y de las partes involucradas

El sistema establecido por la empresa para la gestión de las denuncias deberá contener, además de la opción del anonimato, la opción de que el denunciante revele su identidad. En estos casos impera el deber de confidencialidad.

El derecho a la confidencialidad en el canal de denuncias se regula mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley establece que los datos personales recopilados en el canal de denuncias (de todas las partes implicadas) deben ser tratados con confidencialidad y solo pueden ser utilizados para los fines previstos en la ley.

La empresa deberá establecer medidas adicionales para proteger la confidencialidad de los empleados que informan sobre posibles irregularidades. Algunas de estas medidas pueden ser:

La implementación de un sistema de seguimiento para garantizar que se tomen medidas adecuadas en respuesta a la denuncia.

• Capacitación de los empleados sobre cómo presentar una denuncia y cómo se manejará la información.
• Establecimiento de un proceso claro para investigar las denuncias y tomar medidas adecuadas.
• Establecimiento de un proceso seguro para informar sobre los resultados de la investigación.
• Limitación del acceso a la información relacionada con la denuncia a aquellas personas que necesitan conocerla para llevar a cabo la investigación.
• Proporcionar información clara y transparente sobre los derechos y responsabilidades del denunciante y de todas las partes involucradas.

Las sanciones que cabe imponer por infringir el deber de confidencialidad pueden variar según las circunstancias específicas del caso, sin descartar las consecuencias de las acciones legales que pudiere interponer quien viere vulnerado el derecho de confidencialidad. .

En general, las empresas pueden tomar medidas disciplinarias contra los empleados que incumplen el deber de confidencialidad.

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El preámbulo de la Ley 2/2023 inicia su proclama indicando que la colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del derecho y que son muchos los ejemplos de actuaciones cívicas que advirtieron de prácticas irregulares que generaron investigaciones que han concluido con la imposición de condena penal.

Señala la Ley que ha de advertirse que, en ocasiones, esos loables comportamientos cívicos han generado consecuencias penosas para quienes han comunicado prácticas corruptas y otras infracciones, como son las presiones a los denunciados; por lo que resulta indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública.

De tal manera que la Ley 2/2023 pone el foco en la protección del ciudadano que informa sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de la relación profesional y en su artículo 36 prohíbe expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación de denuncia.

¿Qué se entiende por represalia?

• Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral.
• La no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios.
• La imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
• La no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido.
• Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
• Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
• Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
• Denegación o anulación de una licencia o permiso.
• Denegación de formación.
• Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
• Cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.

¿Qué consecuencias se producen si hay represalias?

Tendrá la consideración de infracción muy grave la adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes.

La comisión de esta infracción llevará aparejada la imposición de las siguientes multas:

• Si son personas físicas las responsables de las infracciones, serán multadas con una cuantía de 30.001 hasta 300.000 euros.
• Si son personas jurídicas serán multadas con una cuantía entre 600.001 y 1.000.000 euros.

Para la graduación de las infracciones se podrán tener en cuenta los criterios siguientes:

• La reincidencia.
• La entidad y persistencia temporal del daño o perjuicio causado.
• La intencionalidad y culpabilidad del autor.
• El resultado económico del ejercicio anterior del infractor.
• La circunstancia de haber procedido a la subsanación del incumplimiento que dio lugar a la infracción por propia iniciativa.
• La reparación de los daños o perjuicios causados.

¿Qué otras consecuencias se producen?

Otras consecuencias podrían ser:

• Daño reputacional a la empresa.
• Pérdida de confianza de los trabajadores.
• Pérdida de credibilidad de clientes y proveedores.
• Contingencia ante la entrada de posibles inversores.
• Posibles acciones legales por parte de los denunciantes.

La entrada CANAL DE DENUNCIAS. PROHIBICION DE REPRESALIAS se publicó primero en Tirant Compliancers - Compliance Software.

La Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información y a disponer del Canal de Denuncias pone de manifiesto una triple intención:  

• Prevenir las amenazas de incumplimientos normativos en el seno de la empresa con el fin de que sean conocidas por ella y realice las acciones necesarias para corregirlas o para reparar lo antes posible los daños.
• Fortalecer la cultura de la información para detectar incumplimientos o irregularidades.
• Proteger a los informantes de estas irregularidades de posibles represalias.

¿Qué sucede si se formula una denuncia falsa?

De manera significativa la Ley 2/2023 que pone el foco en la protección del denunciante, nada dice acerca de la protección del denunciado cuando se produce una denuncia falsa contra un compañero de trabajo o contra la propia empresa.

Sin embargo, a nadie se le oculta que transitar por un escenario en el que un empleado realice una denuncia falsa contra un compañero de trabajo o contra la misma empresa es una realidad que, sin duda, será observada en no pocas ocasiones.

La realización de una denuncia falsa por un empleado con temerario desprecio a la verdad o realizada con abuso de derecho o con clara actitud maliciosa constituye una infracción de la buena fe que ha de presidir las relaciones de trabajo en cualquier empresa.

Cuando, tras la oportuna investigación de la denuncia formulada, se llega al convencimiento de que los hechos objeto de la denuncia son falsos y que la denuncia ha sido formulada con mala fe, procederá acordar el archivo de la denuncia dejando por escrito las razones que motivan tal archivo.

Si un empleado utiliza el canal de denuncias de la empresa y realiza una denuncia falsa, se puede enfrentar a consecuencias legales.

Según el artículo 456 del Código Penal español, si se imputa un delito grave se castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses. Si se imputa un delito menos grave se castiga con la pena de multa de doce a veinticuatro meses.

Para que se pueda considerar que existe una denuncia falsa, es necesario que haya una sentencia o resolución judicial firme que archive o sobresea la causa y que determine que la acusación era manifiestamente falsa desde un principio y que el informante tenía perfecta conciencia de ello. Por tanto, no basta con que la información sea infundada o errónea, sino que tiene que haber una intención dolosa de perjudicar al denunciado.

En todo caso, la empresa podrá adoptar medidas disciplinarias contra el denunciante de conformidad con el Convenio Colectivo vigente.

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