Cuando en 2015 en Compliancers diseñábamos los estándares del software de gestión de compliance, cometimos un error. Un grave error. Se desarrolló un modelo único de software. De tal manera que nuestro modelo se reveló ineficiente para aquellas organizaciones que formaban parte del entorno de la “micro-empresa”.
En efecto, este tipo de empresa se encontraba ante un buen programa de cumplimiento que, pese a ello, resultaba inviable, dados los escasos recursos de que disponía para llevarlo a efecto.
Un año más tarde, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, alineada con la metodología de la mayoría de países, reparó en esa circunstancia y exhortaba a los fiscales a considerar lo que se ha dado en llamar el Principio de Proporcionalidad. Es decir, no podía ser tratado de igual manera un modelo de compliance diseñado para una gran empresa que un programa de cumplimento proyectado para la peluquería de la esquina.
El objetivo de todo programa de compliance es su viabilidad y su capacidad para poder ser llevado a la práctica. Y esto solo podría ser logrado si el modelo de cumplimiento era diseñado a medida de la estructura de la empresa y a la medida de los recursos humanos y financieros de que dispone la organización. Recomendación institucional, incorporada ya en el entorno del derecho internacional, que se agradeció por los operadores de compliance españoles por su absoluta coherencia y sentido común.
Compliancers se hizo eco de tal recomendación y ya a finales de 2016 se dispuso a enmendar su error, presentando tres modelos de software de compliance:
- El modelo Profesional, dibujado para las micro-empresas.
- El modelo Avanzado, perfilado pala las pymes.
- El modelo Sectorial, dotado de hasta 60 sectores especializados, proyectado para las medianas y grandes empresas con un mayor nivel de recursos y de exigencias.
La definición de cada no de estos modelos tiene en cuenta las posibilidades de toda organización. Es decir, que cuanto más reducida es la estructura de la empresa, cuanto menores son los recursos de que dispone, más sencilla debe ser la implementación de un programa de compliance.
El principio de proporcionalidad pone el foco en la voluntad de integrar y simplificar los entornos de gestión de cumplimiento, sin renunciar a los requisitos exigidos por el Código Penal y viene a posibilitar que cualquier organización pueda implementar un modelo de compliance y mostrar su compromiso con las buenas prácticas y con los principios de buen gobierno, con independencia de su tamaño.
Aprendemos cada día. Por ello, la aspiración de Compliancers ha sido superar el error inicial y presentar distintas opciones de trabajo para que el profesional pueda ayudar a la pyme española a racionalizar la gestión de compliance, haciendo viable y factible la implementación de programas de compliance cuando su sencillez organizativa no permite estructuras de gestión complejas.
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