El compliance penal. ¿Gasto o inversión?

Compliance penal ROI

Toda inversión, a diferencia del gasto, exige un retorno.

Las empresas acostumbran a prestar toda su atención al coste de hacer algo y, a menudo, olvidan analizar el coste de no hacerlo.

Nuestra reflexión es que cumplir con la legalidad siempre tiene un retorno.

Prueba ¡qué tan caro puede resultar no cumplir!

El retorno.

¿Qué le aporta a la empresa la aplicación de una partida presupuestaria adecuada al modelo de compliance?:

  • Todos los integrantes de la organización conocen qué pueden y qué no pueden hacer para evitar la comisión de ilícitos penales.
  • Todos los integrantes de la empresa reciben comunicados periódicos como recordatorio de las políticas corporativas.
  • Los responsables de cada departamento conocen qué acciones deben ejecutarse.
  • Reduce el riesgo de graves sanciones económicas para la empresa.
  • Minimiza el riesgo de sanciones penales de privación de libertad para el órgano de administración.
  • Aporta cultura de buenas prácticas.
  • Mejora el sentimiento de orgullo y de pertenencia a la empresa por parte de todos sus integrantes.
  • Proyecta credibilidad a clientes y proveedores.
  • Integra procesos.
  • Facilita el acceso a la firma de acuerdos con las grandes firmas.
  • Refuerza el principio de mejora continua.
  • Mejora el valor de marca.

No es la ocasión para regatear

Aplicar el concepto del ahorro por el ahorro en materia de compliance nos hace pensar que no existe un verdadero empoderamiento de la empresa por aportar el valor de las buenas prácticas y la voluntad de prevenir delitos. Si es así, mejor no hacer nada.

Tal vez, por esa misma razón, es necesario acreditar en un posible juicio que la empresa ha invertido recursos razonables en su modelo de cumplimiento.

¿Qué proponemos en Tirant Compliancers?

Que considere el compliance como una inversión. Nunca como un gasto.

Que evite que la falta de una dotación presupuestaria razonable y proporcionada en su modelo de compliance pueda ser interpretada por un tribunal como un mero maquillaje que no representa una verdadera vocación de implementar buenas prácticas y prevención de delitos.