Se condena a un grupo de empresas por delitos contra la salud pública.
Las penas impuestas son para dos de ellas la disolución y para una tercera, el pago de una multa de 775 millones de euros.
Señala la sentencia que el delito ha sido posible por la ausencia de una cultura empresarial de respeto al derecho.
Ha quedado probado, señala la sentencia, que no ha sido implementado un manual de cumplimiento penal = COMPLIANCE PROGRAM y que, no existen pruebas de que, más allá de contar con ese manual de cumplimiento, no existe una cultura de buenas prácticas empresariales.
Exhortamos al mundo empresarial a que reflexionen sobre la conveniencia de implementar en sus empresas un modelo de COMPLIANCE PENAL y que este sea el punto de partida para incorporar en la empresa la cultura de las buenas prácticas.
