La reforma del código penal de 2015 trazó el camino que debían seguir las empresas a efectos de mitigar o atenuar la posible responsabilidad penal que pudiera derivarse por las conductas realizadas por sus empleados y directivos.
Dicha reforma introdujo un nuevo marco legal a través de modelos de organización y gestión que debían implementar las empresas con el objetivo de prevenir la comisión de delitos.
La realidad que se nos presenta en estos cinco años es que el tejido empresarial español se ha ido concienciando a un ritmo pausado pero constante. En un primer momento se produjeron ciertas reticencias que, más tarde, dieron lugar a una aceptación generalizada relacionada con la conveniencia de implantar programas de Compliance penal. Pues los beneficios para la empresa tanto legales como reputacionales se valoraron muy positivamente.
Hemos observado una creciente demanda relacionada con los planes de prevención penal por parte de las empresas, todo ello consecuencia de que en las relaciones mercantiles con nuevos socios, proveedores o clientes se solicita, como requisito previo, acreditar la implantación de un compliance penal.
Ello es positivo por tres razones fundamentalmente:
- Refleja la predisposición con los principios de buenas prácticas corporativas.
- Manifiesta una alineación con la ética empresarial.
- Permite a los profesionales implantar programas de prevención de riesgos penales.
Desde Tirant Compliancers ofrecemos nuestras licencias “Profesional” y “Sectorial” como instrumentos de ayuda al profesional en la implantación, vigilancia y control de programas de compliance penal en sus empresas cliente.
